Sobreexplotación de acuíferos amenaza la sostenibilidad de unidades de riego en México
Más de la mitad de las unidades de riego en México operan en zonas con acuíferos sobreexplotados, planteando un desafío crítico para la seguridad hídrica nacional.
La crisis hídrica en México se agudiza al confirmarse que el 52.4% de las Unidades de Riego del país se encuentran asentadas sobre acuíferos con niveles de sobreexplotación. Este fenómeno, documentado por autoridades ambientales, pone en riesgo la capacidad productiva del campo mexicano, que actualmente compite por el recurso con el consumo urbano, el cual demanda aproximadamente 13,500 millones de metros cúbicos anuales para el abasto de la población.
La SEMARNAT ha señalado que la extracción intensiva de agua subterránea para fines agrícolas ha superado en diversas regiones la tasa de recarga natural de los mantos acuíferos. Esta situación genera un desequilibrio hidrológico que afecta no solo la disponibilidad del recurso para las futuras cosechas, sino también la estabilidad del suministro de agua potable en los municipios colindantes a las zonas de cultivo más extensas.
Especialistas en recursos hídricos advierten que la falta de tecnificación en los sistemas de riego tradicionales acelera el agotamiento de los pozos. Aunque existen propuestas para modernizar la infraestructura hidráulica mediante el uso de tecnologías de riego por goteo y sistemas de monitoreo satelital, la implementación a gran escala requiere una inversión coordinada entre los gobiernos estatales y la federación, además de una mayor vigilancia en la expedición de nuevas concesiones.
La presión sobre los acuíferos se ve agravada por la variabilidad climática que ha reducido las precipitaciones en las zonas áridas del norte y centro del país. Ante este panorama, diversas organizaciones agrarias han manifestado la necesidad de establecer mesas de diálogo para priorizar el uso eficiente del agua sin comprometer la seguridad alimentaria, buscando un equilibrio entre las necesidades industriales, agrícolas y el derecho humano al agua reconocido en la legislación nacional.
El desafío para la administración pública radica en armonizar el crecimiento económico del sector agropecuario con las políticas de conservación ambiental. Mientras las autoridades continúan evaluando el estado de los pozos concesionados, el sector agrícola enfrenta el reto urgente de adaptar sus prácticas productivas a una realidad donde el agua subterránea es cada vez más escasa y difícil de extraer.
