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México

Por qué la propiedad del vehículo obliga al pago de fotomultas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la validez de responsabilizar al propietario por infracciones viales captadas por cámaras en la Ciudad de México.

Redacción Hilo de Prensa
Foto: eleconomista.com.mx

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha confirmado la constitucionalidad del esquema de fotomultas vigente en la Ciudad de México. Este fallo establece que la responsabilidad de las infracciones viales recae directamente sobre el propietario del vehículo registrado, independientemente de quién estuviera al volante al momento de cometer la falta. La medida busca garantizar la seguridad vial y la eficiencia en la aplicación del reglamento de tránsito capitalino.

El razonamiento jurídico detrás de esta resolución se basa en la naturaleza de la propiedad vehicular. Para las autoridades judiciales, el titular de un vehículo tiene la obligación legal de vigilar el uso correcto de su propiedad en la vía pública. En consecuencia, si un automovilista presta su unidad y esta es captada excediendo los límites de velocidad o infringiendo normas de tránsito, el dueño legal es quien debe responder ante el erario público por la sanción administrativa correspondiente.

Este criterio judicial pone fin a diversas controversias legales donde ciudadanos argumentaban que el sistema vulneraba sus derechos al sancionarlos por actos cometidos por terceros. Con esta decisión, la SCJN prioriza el interés colectivo de mantener el orden en las calles sobre la imposibilidad de identificar plenamente al conductor en cada captura digital. La autoridad recalca que, al ser una sanción de carácter administrativo, el proceso se enfoca en la unidad vehicular y no en la licencia de conducir del operador.

Es importante señalar que esta resolución no impide que los propietarios busquen mecanismos civiles para recuperar el monto de la multa con quien conducía su vehículo. Sin embargo, para la administración pública y el sistema de justicia, la relación jurídica se mantiene estrictamente entre el gobierno y la persona física o moral que aparece como dueña en los registros oficiales de control vehicular. Los ciudadanos deben estar conscientes de que, al permitir que otros operen sus autos, asumen la responsabilidad financiera de cualquier falta cometida bajo esa placa.

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