Mara Lezama aclara uso de vuelos privados en Quintana Roo

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, se pronunció este martes respecto a los cuestionamientos sobre sus recientes traslados aéreos al extranjero en aeronaves privadas. La mandataria estatal afirmó que dichos viajes no fueron financiados con el presupuesto del erario público, subrayando que su administración mantiene una política de austeridad y transparencia en el manejo de los recursos de la entidad.

Durante su declaración, la titular del Ejecutivo estatal enfatizó que los gastos derivados de sus actividades personales o privadas son cubiertos con sus propios medios. Según lo informado por su equipo de comunicación social, la gobernadora reafirmó su compromiso con la rendición de cuentas, asegurando que todos los viajes realizados en ejercicio de sus funciones oficiales cumplen estrictamente con los lineamientos de austeridad republicana vigentes en el país.

La controversia surgió tras la difusión de información sobre el uso de servicios aéreos particulares por parte de la funcionaria. Ante este escenario, el equipo de la oficina de la gubernatura reiteró que no existe ninguna irregularidad administrativa ni desvío de capital destinado a programas de bienestar o infraestructura en el estado de Quintana Roo.

Por su parte, sectores de la sociedad civil han solicitado mayor claridad sobre la bitácora de viajes de los funcionarios de alto nivel para evitar cualquier conflicto de interés. La administración estatal propuso continuar con la publicación periódica de sus reportes de transparencia, buscando así despejar dudas sobre la gestión de los recursos públicos ante la opinión pública y los órganos de fiscalización correspondientes.

Finalmente, la gobernadora de Quintana Roo hizo un llamado a evitar la desinformación y reiteró que su prioridad sigue siendo el desarrollo económico y social de la entidad. El gobierno estatal mantiene su postura de colaboración con cualquier requerimiento de información que las autoridades fiscalizadoras consideren necesario para garantizar la transparencia en el ejercicio del gasto público.