El esquema de importación de combustibles que facilitó el huachicol fiscal
La estructura legal derivada de la reforma energética de 2013 permitió la proliferación de redes de evasión fiscal mediante la importación simulada de petrolíferos.
La configuración del mercado de combustibles establecida en 2013 creó brechas regulatorias que fueron aprovechadas para consolidar el fenómeno conocido como huachicol fiscal. Durante la emergencia sanitaria por covid-19, autoridades de la SHCP y el SAT detectaron una compleja red de evasión que operaba mediante la importación de hidrocarburos disfrazados como aditivos, lubricantes o mezclas químicas para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
Este mecanismo aprovechó la apertura del sector a particulares para ingresar grandes volúmenes de combustible al país sin cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes. Al clasificar los productos de manera errónea en las aduanas, los actores involucrados lograban comercializar gasolina y diésel a precios artificialmente bajos, desplazando a los distribuidores que sí cumplían con la normativa vigente y afectando la recaudación federal.
La estrategia de evasión se apoyó en la falta de supervisión estricta en los puntos de entrada y en la ambigüedad de los permisos de importación otorgados bajo el esquema previo. Especialistas señalan que la fragmentación de la supervisión permitió que las empresas operaran bajo un marco que favorecía la opacidad, dificultando que la autoridad identificara el destino final de los productos internados en territorio nacional.
Ante esta problemática, las autoridades federales han reforzado la vigilancia en las aduanas mexicanas mediante la coordinación entre la SEMAR, la SEDENA y el SAT para auditar los cargamentos sospechosos. El objetivo del gobierno actual es cerrar las brechas legales que permiten la simulación de importaciones, buscando que el mercado de hidrocarburos opere bajo condiciones de equidad fiscal y legalidad estricta para proteger los ingresos del Estado.
El combate a este delito requiere, según expertos en política energética, una revisión profunda de los permisos vigentes y un control más riguroso sobre la cadena de suministro de petrolíferos. La administración federal sostiene que la regularización del sector es fundamental para frenar las pérdidas recaudatorias y asegurar que el suministro de combustible cumpla con las normas de calidad y seguridad establecidas por los organismos reguladores.
