Administración Trump busca reactivar tasa de cien mil dólares para visas H-1B
El gobierno estadounidense intenta superar un fallo judicial que bloqueó el cobro de una elevada tarifa para trabajadores extranjeros.
La administración del presidente Donald Trump ha manifestado su intención de imponer una tasa superior a los 100,000 dólares para la obtención o renovación de visados de trabajo H-1B. Esta medida busca reformar los mecanismos de contratación de personal extranjero especializado en sectores clave de la economía estadounidense, bajo el argumento de priorizar la mano de obra local en áreas de alta tecnología y servicios profesionales.
El intento de recaudación enfrenta un obstáculo legal significativo derivado de una resolución emitida en junio pasado. En aquella fecha, un juez federal dictaminó que la tarifa propuesta por el Poder Ejecutivo carecía de sustento legal vigente, lo cual impidió en ese momento que las agencias gubernamentales estadounidenses procedieran con el cobro de dichos montos a las empresas solicitantes.
Fuentes cercanas al equipo de gobierno han señalado que la Casa Blanca explora nuevas vías administrativas para ajustar el marco regulatorio y, de este modo, retomar la aplicación de la tasa. La intención es presentar una nueva fundamentación jurídica que permita evadir los bloqueos impuestos por los tribunales federales, asegurando que la política se alinee con los objetivos de protección al mercado laboral nacional.
Para el sector empresarial mexicano, esta situación genera incertidumbre, ya que numerosas compañías y profesionales con operaciones transfronterizas dependen de la movilidad laboral legal para mantener sus actividades. La Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene una postura de seguimiento cercano a los cambios migratorios que puedan afectar los flujos de talento técnico y especializado entre ambos países, evaluando posibles repercusiones en la competitividad regional.
La controversia legal se mantiene en el centro del debate sobre la política migratoria y laboral en Estados Unidos. Mientras los abogados del gobierno trabajan en la estructuración de la nueva normativa, los grupos de defensa de derechos laborales y cámaras de comercio han expresado su preocupación por los costos operativos que esta medida impondría, advirtiendo que podría derivar en una reducción de la inversión y del intercambio de capital humano entre México y su principal socio comercial.
